EN VIVO

Operativo antidrogas en el penal de Villa las Rosas

Esta mañana el comisario Walter Ramírez confirmó los resultados de un mega operativo, con allanamientos en distintos barrios de la capital salteña, todo en base a una investigación que duró al rededor de 6 meses

La investigación inició tras una denuncia anónima ingresada por el sitio denuncias web, y fue así que efectivos de la Sección Investigación Narcocriminal N° 2, realizaron diversas tareas de campo, logrando identificar a los integrantes de una organización que distribuía drogas en distintos barrios de nuestra ciudad.

Finalmente la investigación culminó esta mañana con siete allanamientos en diversos domicilios de nuestra ciudad e incluso en el Penal de Villa Las Rosas.

Participaron más de cien efectivos de distintas áreas investigativas y operativas de la policía, se demoró a cinco personas, se secuestró pasta base de cocaína, marihuana y un revolver entre otros elementos vinculados a la causa.

El secuestro y las personas fueron puestas a disposición de la justicia, tomando intervención la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías N° 4.

Brutalidad policial, le dispararon por la espalda sin razón

Brutalidad policial, le dispararon por la espalda sin razón

La violencia en Salta al canza siempre los limites mas altos y aún no se cree una oficina que pueda controlar correctamente que esto no suceda

Ahora se requirió ante el Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales con revista en la División Seguridad Urbana, acusados de distintos delitos cometidos con gran brutalidad hacia civiles que no se merecían lo que les hicieron.

En julio del año pasado un denunciante esperaba la llegada de un policía, cuando vio llegar un móvil policial y se acercó al movil pero uno de los efectivos abrió la puerta y le dijo “qué junás, qué junás”, por lo que la víctima le explicó que esperaba a un policía y uno de ellos le contestó “a mí qué me importa, andate a la mierda”, por lo que éste les expresó que no estaba haciendo nada. En ese momento, uno de los efectivos policiales hizo un movimiento como si se fuera a bajar del móvil, por lo que el damnificado corrió y los acusados le dispararon con una escopeta tipo paintball, lo que le produjo lesiones en la espalda, estas lesiones fueron comprobadas en la revisionista medica.

Los acusados

-Facundo Exequiel Morales (26), y Miguel Alejandro Cisneros (30), imputados por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, lesiones leves y falsedad ideológica, en concurso ideal y en calidad de autores.

-Osvaldo Daniel Saldaño (41) y Pedro Roberto Moruchi, (28), imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, también en calidad de autores.

(Imagen Ilustrativa)

La policía no puede contra el aumento de delitos en Salta

La policía no puede contra el aumento de delitos en Salta

Hace poco el Jefe de la Policía de Salta, José Ibarra y reconoció que faltan efectivos para cubrir la zona norte de la capital salteña.

En una entrevista comento sobre los estereotipos en torno al delito: “En algunas jurisdicciones creció el indice de delito, la razón, variante o motivaciones son inciertas, son varias y muchas, los estudiosos de la criminología, de lo delictivo asocian el cometer delito con la pobreza pero es un tema muy delicado donde no hay que estigmatizar a nadie, porque no necesariamente ser pobre es ser delincuente , diariamente detenemos a gente que comete delitos que tiene un buen pasar económico que no son humildes, no son pobres ni carentes de recursos, hacer un vinculo entre delincuencia y pobreza no es acertado, hay gente humilde que la pelea diariamente, que sale a buscar el pan y no elige el delito para vivir, hasta elige la mendicidad pero no el delito”.

Con respecto a las informaciones que se difunden dijo “todo el trabajo que hace el periodismo lo hace desde la realidad de los vecinos que son los que brindan la información, que no necesariamente denuncia o la realidad que se pide a la institución, hay lugares en donde creció la cantidad de delitos en la vía publica, los arrebatos, que es lo mas común, y los delitos contra la propiedad”

Sobre las acciones llevadas a cabo comentó “hay lugares en donde bajamos la ocurrencia de delitos y otros lugares donde no había ocurrencia han empezado a denunciar los vecinos que si ocurren, nosotros trabajamos en prevención para controlar y responder rápidamente, controlar la no ocurrencia, en Solidaridad estamos trabajando, con los vecinos del Huaico y Grand Bourg, que es donde se han elevado los nivelas normales de robos, al producirse el reclamo intervenimos y encontramos soluciones junto al vecino porque su participación es fundamental”

Brutalidad policial, le dispararon por la espalda sin razón

Salta ya superó las mil denuncias por abuso policial en lo que va de 2021

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta informó que en lo que va de este año se presentaron más de mil denuncias por abuso y maltrato contra efectivos de la fuerza de seguridad. Las cifras se dan en medio de la polémica por el recibimiento que hicieron autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia al ex policía condenado Luis Chocobar. 

El encuentro entre miembros del gobierno de Salta y Luis Chocobar ya había provocado el repudio de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. El INADI, por su parte expresó su preocupación por el respaldo de la provincia a prácticas de violencia institucional. En tanto, desde la cartera que dirige Juan Manuel Pulleiro, negaron a Salta/12 que se hayan realizado convenios de colaboración con la Fundación Chocobar, como lo había comunicado la organización sin fines de lucro el pasado 24 de junio.

Sólo hasta el 22 de marzo el Ministerio Público Fiscal de Salta informaba que eran 745 las denuncias contra efectivos policiales, pero ese número se incrementó en la actualidad y ya superó las mil denuncias en todo el territorio salteño.

Además, la delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comunicó que desde julio del año pasado se recibieron 50 denuncias a través del sistema web del organismo. De ese número, al menos 15 son de este año y la mayoría de ellas proviene de comunidades indígenas del interior provincial.

Es por eso que el INADI expresó su “gran preocupación por el recibimiento que tuviera el ex policía Luis Chocobar”, que está condenado por homicidio agravado, tras asesinar por la espalda a Juan Pablo Kukoc (18), un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.

Por eso, el organismo nacional sostuvo que el Estado debe ser el primer responsable en instar a la prevención de la violencia institucional priorizando el enfoque de los derechos humanos. “En Salta tenemos una larga historia sobre abusos policiales”, alertó el delegado del INADI en la provincia, Gustavo Farquharson.

Subrayó que la audiencia que mantuvo Chocobar con el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el nuevo jefe de la Policía de Salta, José Ibarra, en la Jefatura de la Policía de la provincia, fue un gestó que “va a contramano de un gobierno nacional que busca fortalecer los derechos humanos”.

A pesar de los cargos que cubren las personas involucradas en la reunión, y de que se llevó a cabo en un lugar oficial de la fuerza policial, Ibarra dijo al diario El Tribuno que no se trató de una reunión oficial y descartó la posibilidad de que se elabore algún convenio con la fundación de Chocobar, ques es oriundo de Salta. “Tomo conocimiento de que venía Chocobar cuando se presenta en la Jefatura y, por supuesto, tengo que recibirlo como recibo a cualquiera que pida audiencia”, argumentó Ibarra y recordó que días antes el abogado de la fundación se había comunicado para solicitar una audiencia.

Tras saber de las cifras, Farquharson afirmó que en vez de dar lugar a una charla con el ex policia condenado, la prioridad debería ser trabajar sobre la violencia institucional en la provincia. Desde la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI comunicaron que durante el 2020 el ámbito de las fuerzas de seguridad reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población.

Por eso, el delegado local consideró que el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia debe ponerse de forma inmediata en funcionamiento. Para su activación sólo falta que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a cargo de Ricardo Villada, lo oficialice, lo que viene demorándose desde principios del año pasado.

Ya en 2020 se completaron las designaciones de los miembros que faltaban, mediante concurso público se eligió al representante de la Cámara de Diputados mientras que el Senado nombró a un representante interino. Este año se le asignó un presupuesto, pero a más de tres años de la sanción de la Ley 8024, que crea este organismo, el Comité sigue sin funcionar.

Habilitación política a la mano dura

El abogado e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, Martín Plaza, recordó que en diferentes presentaciones ante autoridades provinciales reclamaron por un registro estatal que permitan llevar una estadística de los casos de violencia institucional que suceden en la provincia. El pedido respondía, dijo, a que desde la Asociación ven una habilitación judicial y política para el crecimiento de estos hechos.

Por eso destacó que el nombramiento de Verónica Simesen de Bielke como fiscala de Derechos Humanos, permitió romper con ese habilitación judicial, dado que además de contabilizar los casos, empezó a haber imputaciones a efectivos policiales. Desde enero y hasta fines de marzo, se realizaron 67 imputaciones y en 11 causas ya hay requerimientos de juicio.

Sin embargo, Plaza indicó que no sucedió lo mismo en el plano político, dado que observó que “se mantiene la misma postura”. Sin ir más lejos, recordó que en junio de 2020 el ministro de Seguridad, el militar retirado negacionista Juan Manuel Pulleiro, afirmó ante la Cámara de Diputados de Salta que las denuncias contra efectivos por procedimientos abusivos y de violación a los derechos humanos, son “casos particulares” y no un accionar “sistemático”.

Por eso, consideró que lo sucedido con Chocobar, sigue siendo otro aspecto más de habilitación política que da pie a “seguir profundizando” el accionar represivo de los miembros de la fuerza policial provincial.

Ya la Mesa de Derechos Humanos de Salta aseguró que no fue una sorpresa que el ex policía desembarcara en Salta con su fundación, dado que se trata de una provincia que tiene como ministro de Seguridad a una persona que “ataca públicamente a los fiscales que procesan a policías de gatillo fácil”. Además, señaló que los integrantes de la fuerza policial “causan terror a través de lesiones, causas amañadas y amenazas en los sectores más vulnerables y no vacilan en reprimir a sectores que se movilizan luchando por sus derechos a alimentos, viviendas, trabajo y libertades”.

Para Elena Rivero, integrante de la Mesa y de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, la Policia salteña tiene una “cantidad escandalosa de efectivos procesados por hacer abuso de la fuerza policial”. Y esto también es consecuencia de que el propio ministro de Seguridad, “está más cerca del concepto de dictadura, que de la vigencia de los derechos humanos”.

Pulleiro fue comandante de la V Brigada de Montaña con asiento en Salta. En ese cargo, el 28 de mayo de 2017 encabezó un acto de homenaje en el 42º aniversario del denominado Combate de Manchalá. Entonces declaró a todos sus subordinados como “sucesores de esos hombres”, los militares que en el marco del Operativo Independencia el 28 de mayo de 1975 se enfrentaron con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“Nosotros somos los herederos de los valores y tradiciones de la vanguardia del Ejército del Norte y de los soldados salteños que combatieron por la independencia y que combatieron en Manchalá”, sostuvo entonces.