Un tema que ha ido aumentando con el paso de las semanas y que este último finde tuvo la renuncia de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Frida Fonseca. Una regulación que debió hacerse hace años y hoy al intentar impulsarla deja tintes políticos.
En el marco de una investigación iniciada en 2019 por el cobro irregular de planes sociales en ese municipio, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión, entre los que se cuenta a la secretaria de Hacienda. Se los acusa de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en unidad fiscal con su par, la fiscala penal Mónica Poma, llevan adelante una investigación por supuestas maniobras fraudulentas que se denunciaron en esa ciudad respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
Inicialmente, se imputó Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, como autor de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público.
A partir del relevamiento de testigos y las pericias contables realizadas, la unidad fiscal decidió ampliar la acusación a Gustavo Solís Mónico, Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
Los fiscales sostienen en la acusación que de lo actuado, surge que los mencionados, efectuaron maniobras destinadas a desviar fondos públicos destinados a planes sociales.
Fuente: MPFS
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