Por primera vez un grupo de mujeres indígenas habitantes en el territorio salteño levantan la voz para denunciar lo que es público y notorio en la provincia y en el país: la persistencia de violaciones y abusos sexuales que cometen hombres “criollos” en perjuicio de niñas y mujeres de los pueblos originarios. Y las consecuencias que esas prácticas tienen sobre ellas, sobre las comunidades y, particularmente, sobre las niñas y niños concebidos en estas circunstancias.
Unas 30 mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, cercana a la localidad de Pluma de Pato sobre la ruta nacional 81 en el Chaco salteño, presentaron una carta dirigida al ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, denunciando estas prácticas y exigiendo “se respete el derecho a la identidad de nuestros hijos y se repare el daño causado por los hombres que rechazaron sus responsabilidades como padres”.
“Las mujeres que suscribimos esta nota hemos sido madres de niños que han nacido fruto de relaciones con hombres ‘criollos’ como se los llama comúnmente por esta zona, hombres que no pertenecen a nuestra comunidad. Estos hombres han rechazado su rol como padres dejando toda la responsabilidad a nosotras quienes –como pudimos- llevamos adelante la maternidad en contextos de extrema vulnerabilidad”. “Muchas de esas relaciones no fueron consentidas, y también muchas de ellas sucedieron a una muy temprana edad, en condiciones que hoy reconocemos como claros abusos”. Afirma la carta que fue entregada por la mujer wichí Octorina Zamora, que viene denunciando estas prácticas desde la década de los 80.
En la misiva las mujeres dicen que sienten la necesidad de contar “todo el dolor que nos tocó y nos toca pasar hoy en día como mujeres y madres indígenas llevando adelante una lucha que ha sido durante años invisibilizada y silenciada”. A su vez este encuentro fue consecuencia directa del asesinato de la niña Pamela Julia Flores, a mediados de enero pasado.
Abuso, abandono y discriminación
“Con esta carta queremos denunciar a todos esos hombres que nunca cumplieron con sus obligaciones como padres pisoteando los derechos de identidad de nuestros niños”, afirman las mujeres en la nota presentada ayer.
Esos hombres, añaden, “marcaron para siempre nuestras vidas, y la de nuestros niños causando un daño irreparable en nuestra sociedad indígena”. “Somos muchas las mujeres que llevamos esta carga, este sufrimiento. Sufrimiento por ser rechazadas, sufrimientos por ser discriminadas, sufrimiento por nuestros hijos, a quienes se les han negado sus derechos, sufrimiento por el futuro de nuestra comunidad indígena la cual estará formada por hombres y mujeres sin identidad, hombres y mujeres criados con rechazo”.
Las mujeres cuentan que la mayoría de sus hijos e hijas “son hijos de personas que caminan impunemente por las calles del pueblo. Nuestros hijos son hijos de los primeros trabajadores de la ruta que vinieron de otras provincias, son hijos de almaceneros, de los carniceros, de policías, de gendarmes, de maestros, enfermeros, y de todos los que en su momento quisieron ‘satisfacer’ con nuestros cuerpos sus deseos sexuales”.
Estos hechos “se vienen repitiendo de generación en generación, pero no es una historia del pasado, ya que estas prácticas, este comportamiento hacia nuestras mujeres continúa sucediendo al día de hoy”.
Testimonios del rechazo
Para describir mejor su denuncia, la carta reúne testimonios de mujeres.
-“El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta, me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo también entendí que fui abusada y no lo sabía”.
-“Mi hijo es hijo de un trabajador de la salud, un enfermero. Un día le llevé a su hijo para que lo conozca y nos echó como a un perro. Mi hijo sufre por eso”.
-“Trabajaba limpiando en una casa en el pueblo de Pluma, mi patrón me embarazó y nunca se hizo cargo, nos rechaza, somos su vergüenza. Pero él continúa haciendo lo mismo a otras mujeres, a otras chicas”.
-“Mi hija es hija de un carnicero reconocido en la zona, intenté denunciarlo en Morillo (Coronel Juan Solá) para que me reconozcan a mi hija, pero la policía se burlaba de mí y nunca me tomaron la denuncia. En Pluma es peor”.
-“El padre de mi hijo tiene como 5 hijos con distintas mujeres de esta Misión, no se ha hecho cargo de ninguno de ellos pero sigue teniendo hijos como si fuera un juego”.
-“El padre de mi niña me engañó, hoy no puedo sostener una familia, no puedo decirle a mis hijos que su padre nunca los quiso”.
-“Muchos criollos que tienen hijos en la Misión también tienen negocios, muchas veces compran el silencio de las mujeres y de la comunidad entregando mercadería”.
-“Mi niño sufre porque él sabe quien es su padre, alguien del pueblo, que ya formó otra familia, pero cuando ve a mi hijo lo rechaza, lo insulta”.
-“Es difícil criar a un niño que es diferente, que es hijo no reconocido, cuesta criarlo con amor, cuesta mucho. Tengo miedo que sea una persona infeliz”.
-“Nuestros niños sienten que no pertenecen a ningún lado, ya que se sienten Wichí pero se ven como criollos, por eso son víctimas de burlas crueles de parte de otros niños. Mi hijo me pregunta ¿por qué somos distintos?
Devolver derechos negados
Las mujeres hicieron cuatro pedidos concretos al ministro de Seguridad.
Que “Arbitre los medios necesarios para que la Justicia investigue e intervenga con todo el peso de la ley para devolvernos los derechos que nos fueron negados, así como también devolvérselos a nuestros hijos, que convoque urgentemente a autoridades, ministerios u organismos que tengan competencia”.
Que ponga “a disposición los equipos interdisciplinarios del Ministerio convocando a abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal competente capacitado para asistir en la denuncia de nuestro caso”.
“Así mismo, y entendiendo la gravedad de semejante denuncia y la sensibilidad de la información, solicitamos también a usted que nos brinde protección y acompañamiento durante todo el proceso para resguardar nuestras identidades, así como también las identidades de nuestros hijos menores”.
Y solicitaron que les “garantice la seguridad tanto a madres como a hijos una vez que esta denuncia se haga pública”.
El texto cierra de manera elocuente: “Esta carta es entonces un pedido de justicia, un pedido de reparación para nuestras mujeres, nuestras infancias, nuestras familias y para nuestra comunidad”.
Sin conseguir respuestas del Gobierno provincial, campesinos salteños decidieron reanudar la lucha y señalaron que la intervención del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable no funcionó “porque es un soberbio que quiere mirar a los campesinos desde arriba”.
Después de una caminata de más de 400 kilómetros hasta Capital y sin ningún tipo de solución, las familias campesinas del Chaco salteño decidieron retomar la lucha para evitar ser desalojadas de sus tierras de producción.
En comunicación con Asi Estamos (La Patriada Salta) el referente del Movimiento Nacional Campesino, Benigno López, habló al respecto de la grave situación del campesinado en el Chaco salteño.
“Vamos a cortar media calzada como aviso porque queremos dialogar en serio que se tomen decisiones serias” manifestó López como uno de las principales demandas de las familias que se encuentra cortando la ruta 81 a la altura de Fortín Dragones y agregó “si no hay voluntad de trabajo vamos a tener que endurecer las medidas porque no hay otra forma de llamar la atención”.
En cuanto a las reuniones que mantuvieron con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos, el referente expresó “hubo tres entrevistas con el ministro De los Ríos…es un poco soberbio a la hora de tratar con campesinos, los quiere mirar de arriba, entonces su intervención no dio resultado”. “quiere que la gente se conforme con chamuyos, con cosas abstractas y los reclamos de los campesinos son concretos y responden a la realidad”.
López se refirió también a la ley que busca promover el desarrollo de los pequeños productores agropecuarios de salta y que fue prorrogada por ambas Cámaras legislativas salteñas pero que aún no cuenta con la promulgación del Ejecutivo provincial “hay un paso positivo por parte de la legislatura falta que el gobernador lo promulgue”.
Además señaló “es una ley para promover el desarrollo de los pequeños productores agropecuarios de salta por lo que requiere fondos, una ley sin reglamentación y sin fondos es una ley muerta. Por ahora esta cajoneada”.
Después de hacer un recorrido de 1200 kilómetros en la zona del chaco salteño, el coordinador residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y su equipo, expusieron ayer algunas de las observaciones que se pudieron realizar en territorio. El “hambre de agua potable”, sigue siendo uno de los principales problemas, además de la falta de todos los servicios y la discriminación percibida por las comunidades originarias. Es así que pese a los esfuerzos por estar y asistir, “la presencia del Estado”, aún sigue siendo “débil”.
Estos fueron algunos de los ejes que manifestaron ante Salta/12 tras la finalización de la misión de la entidad a la provincia de Salta que tuvo por objetivo evaluar el plan de respuesta humanitario internacional a la emergencia socio sanitaria, que fue establecida por la provincia a fines de enero de 2020. La causa que generó dicha declaración de emergencia fue la cantidad de niños fallecidos, de la comunidad wichí en particular, que llegó a unas 23 víctimas por causas evitables de hasta 5 años.
Valent destacó los importantes esfuerzos de los estados nacional y provincial, así como de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a la emergencia. Entendió que esos esfuerzos permitieron “reducir significativamente los fallecimientos por causas asociadas a la desnutrición”. Sin embargo, sostuvo que pese a los avances y esfuerzos “existen cuestiones estructurales que constituyen grandes desafíos, por lo que es preciso abordarlas de manera urgente, conjunta e intersectorial”.
Entre los factores preponderantes para el entorno de las infancias mencionó la necesidad de la protección del medioambiente y la biodiversidad dado que “como nos enseñan las comunidades originarias es parte de la preservación de la vida”, afirmó.
En lo estructural planteó el hecho de que las poblaciones indígenas “han sido dejadas atrás, y en condiciones de vulnerabilidad extrema” e “indigencia total”. Sin embargo, en el paso que la misión realizó por Santa Victoria Este (en Rivadavia), Orán, Tartagal y Embarcación (en San Martín), también encontraron situaciones de indigencia en poblaciones campesinas criollas y algunas que habitan en las zonas periurbanas.
Una discriminación estructural
También se destacó que para los pueblos indígenas de la zona los servicios públicos constituyen la única opción de accesibilidad en materia sanitaria. Pero dada la escala de la problemática son insuficientes e inadecuados, “presentando un progresivo deterioro de programas de salud rural”, destacó Valent.
En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud.
El problema del acceso también es frenado por las “barreras de cultura e idioma respecto a los funcionarios estatales, en especial por parte de las mujeres”. Se suman las barreras físicas por la distancia y la inaccesibilidad de los caminos de tierra que (como se informa en más de una ocasión), en épocas de lluvia aíslan a muchos parajes rurales. “Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social, siendo los pueblos indígenas los más afectados”, indicó.
En lugares como Vertientes Chicas (en SVE), donde en 2020 en dos días seguidos murieron dos hermanitos por causas vinculadas a la desnutrición, puso de ejemplo que “hay infraestructura estatal, pero no hay presencia estatal”.
Ante ello, entendió que se debería re direccionar también la articulación con las municipalidades más cercanas a estas poblaciones a fin de continuar con los esfuerzos para dar la contención necesaria.
Observaron también la enorme brecha digital que complica a las comunidades en materia de educación. Se suma la falta de equipos necesarios para hacer posible la virtualidad promovida. La pandemia, en tanto, terminó por generar (como sucedió en la sociedad en general), una mayor pérdida de ingresos para las comunidades, además de la suspensión de distintas instancias de fortalecimiento que se habían iniciado antes de instalarse la pandemia.
A ello se suma no solo la brecha idiomática, sino también la estigmatización que sufren quienes integran las comunidades en los servicios de Salud, de Justicia, o de Educación. En este punto, la discriminación en algunos casos es patentemente étnico-racial.
Para Valent, reforzar el trabajo en estas comunidades “no se trata sólo de una deuda histórica, sino de un imperativo ético, a fin que el esfuerzo contribuya a no dejar a nadie atrás”.
Alerta ante la falta de consulta
Valent afirmó que uno de los problemas recurrentemente sostenido en la reunión que mantuvo con las comunidades fue la falta de consulta previa, libre e informada, que rige para los pueblos originarios en las normativas internacionales a las que adhiere Argentina. Ante ello, se está elaborando un protocolo para cumplir con este principio, que será consensuado con las comunidades y prevé tener su primera aplicación en aquellos trabajos que se realicen para las obras de agua.
“La consulta previa, libre e informada es una respuesta que debe dar el Estado pero también la sociedad civil”, indicó por su parte Rodrigo Sola, delegado de Naciones Unidas en Salta, al ser consultado por las diversas críticas que surgen de las comunidades originarias a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ello ante el aluvión de entidades que aterrizaron en SVE tras hacerse visible la muerte de niños por causas vinculadas a la desnutrición. Se asume que la presencia de las entidades es necesaria, siempre que se pueda organizar un sistema donde se articulen los esfuerzos para superar los desafíos en esta zona.
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