Organizaciones del movimiento feminista e instituciones solicitaron a los Estados provinciales información sobre el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en sus Poderes Judiciales, sin embargo, no todas respondieron la requisitoria.
La Ley Micaela es la norma que obliga a todos los Poderes del Estado a capacitarse en cuestiones de género; fue implementada en 2018 a partir de las movilizaciones sociales desatadas a raíz del femicidio de Micaela García, una joven militante violada y asesinada en Entre Ríos en 2017.
El victimario, Sebastián Wagner, había sido liberado por la Justicia de esa provincia días antes del suceso, a pesar de haber estado preso por abuso sexual.
El 25 de noviembre pasado – Día Internacional de la Eliminación de Violencia Contra las Mujeres – organizaciones feministas, nacionales e internacionales, solicitaron a las Provincias informes sobre la aplicación de la norma. Hoy, esas organizaciones dan cuenta de que fueron pocas las jurisdicciones que respondieron a la requisitoria de manera acabada. No obstante, advierten también que son 4 las provincias donde – directamente – el pedido de informe no fue contestado: Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan.
“Son organizaciones importantes, de carácter nacional e internacional. El pedio lo hicieron en el marco del 25N, es decir no se eligió cualquier día”, sostuvo Natalia Buira, defensora Civil Nº 4 y master en Derechos Fundamentales, al ser consultada sobre la situación.
Según explicó, el informe no solo tenía la intención de conocer el desarrollo de las capacitaciones en el marco de la mencionada Ley, sino que abogaba también por conocer y echar luz sobre la composición del Poder Judicial en sí.
“Frente a la importancia de las organizaciones que piden el informe, el día que se escoge y el contenido del pedido, resulta que el Poder Judicial de Salta se coloca entre el porcentaje que guarda silencio y no contesta nada. Esto es incumplimiento por parte del Poder Judicial de algo que es una obligación legal”, cuestionó la especialista, y completó: “Existe a nivel nacional la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley a la que la Provincia está adherida”.
Así las cosas – continuó – existe entonces una obligación legal de brindar dicha información, sin embargo, en otros ámbitos, explicó, la decisión fue la misma.
“Al Guzmán Coraita, de Salta Transparente le pasó lo mismo; tuvo que poner un amparo judicial para conocer cómo se distribuye la pauta oficial; o al doctor Rodríguez, que también tuvo que recurrir a un amparo para conocer sobre los facilitadores interculturales en la Salud Pública, así como la cantidad de niños wichis muertos desde enero hasta la fecha. En Salud Mental pasó lo mismo, pero esta vez fue una jueza la que solicitó la información y desde el Ministerio le respondieron de manera vaga y evasiva”, indicó Buira.
Para la especialista, estamos en presencia de un “Estado incumplidor”.
“Tenemos un Poder Judicial provincial que tiene que interpretar las leyes y aplicarlas y, sin embargo, incumple con una Ley cuando es requerida por la sociedad civil. Es un Poder Judicial anómico, al margan de la legalidad”, sentenció.
Por su parte, Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, destacó – también – la representatividad de las organizaciones que solicitaron la información, ya que, explicó, trabajan con estos datos para diagramar posibles políticas públicas a lo largo de Latinoamérica.
“Quiere decir que la Justicia, especialmente, tiene poca valoración de lo que implica la Ley Micaela; no hay interés para poder capacitar ni ejecutar la Ley”, disparó.
Según su visión, el Estado, quien maneja los recursos económicos, no tiene la intención de abordar y combatir la enorme desigualdad que existe en la sociedad y, muestra de ello, es la falta de interés en la correcta aplicación de esta normativa.
“Al no haber políticas publicas activas, no vamos a poder frenar la violencia contra las mujeres”, finalizó Cari.
