El abogado Luciano Romano, defensor de las mujeres acusadas de delito en la causa de la financiera, dio más detalles del procedimiento que se está realizando luego de conocer que finalmente se dio la imputación de estas 7 mujeres más un hombre.
En comunicación con La Patriada Salta, el defensor legal de las trabajadoras imputadas aclaró las dudas que siguen rondando la causa y los pasos a seguir.
Romano aclaró “En primer lugar queremos restituir el capital para que los ahorristas se queden tranquilos. También priorizar el tema de las libertades condicionales de las personas imputadas y actualmente detenidos que serían 7 chicas y 1 masculino”.
Además dijo el plan es “Ir resolviendo este tema legal a la posible tentativa de estafa junto con la falsificación, porque si analizamos finamente la imputación no habría la comisión de dos delitos. No habría estafa porque no estaría configurado el delito de estafa porque no hay ningún damnificado a la fecha”.
“Con respecto a la asociación ilícita, tampoco se encuentra configurada porque de las 10 personas investigadas 8 son empleados de la financiera los cuales desconocen la constitución y desconocen las irregularidades que esta misma poseía, ellos lo único que hacían eran desempeñar la función por la cual habían sido contratados que era la atención al público y pago de capital e intereses” sostuvo Romano.
Indicó “Si habría que resolver el tema de la falsificación con respecto a la identidad del abogado con una matrícula inexistente. Él desconoce pero según los miembros de la empresa dicen que hacia asesoramiento nada más. Cuando se le consultó a él sobre la situación de la empresa, desconoció la firma, desconoció el sello, la matrícula y se desligo de alguna vinculación con la empresa”.
Sobre la declaración de las mujeres imputadas, el abogado comentó “Una sola persona se abstuvo de declarar porque estaba en estado de shock, entonces decidimos que no hablase en ese momento. El resto manifestó que solo eran empleados y que desconocen las irregularidades de la misma empresa”.
“Ellas no se comunicaron con nadie, solo mantienen contacto con nosotros (los abogados) y la familia. Las otras dos personas prófugas no se comunicaron con los trabajadores imputados”.
Romano puntualizó que “La empresa estaba trabajando con normalidad. Recibían capital y se le pagaba un interés en un plazo de 15,30 o 60 días. Hasta el día de los allanamientos nunca hubo una irregularidad que hubiese alarmado a alguna de las trabajadoras”.
Además puntualizó en que “Las trabajadoras desconocen que haya intervención de algún personal policial, también desconocían que entre los inversionistas se encontraban varios policías porque cuando se firmaban los contratos con los inversionistas lo único que se hacía era establecer las cláusulas por la cual se iba a regir el contrato, el monto por el cual dejaban el dinero, cuantos días se restituía el capital y los interés. No se consultaba profesión ni nada. Es posible que en la diversidad de clientes exista algún personal policial pero como inversionista no como un miembro de la empresa”.
