Inició como una investigación por estafas y derivó en un complejo entramado que desnuda la connivencia entre miembros de la fuerza y organizaciones delictivas. En el medio, investigadores amenazados, fondos que – se presume – provienen de otras actividades ilícitas, filtraciones y la pretensión de la Jefatura policial de apartar al jefe del equipo de investigadores del CIF.
El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, al momento de tomar la palabra, pidió disculpas por la poca información oficial que había trascendido respecto al caso de Ríos y Asociados, este estudio de abogados – o financiera – investigado por estafas.
La razón, explicó el Procurador, preservar la investigación en curso.
Sin embargo, advirtió que el avance de las actuaciones tomó tal envergadura, principalmente, por lo que fueron encontrando y los sucesos posteriores, que hasta se solicitó la custodia de un investigador por parte de fuerzas federales.
“La primera imagen que nos encontramos era de una financiera con actividades irregulares, una suerte de réplica de lo que pasó en Buenos Aires con la empresa ZOE. Esto, de por sí, es tremendamente dañoso para los intereses de la sociedad”, indicó Castiella y continuó: “Cuando se precipitan los allanamientos por el riesgo de filtraciones, nos encontramos con otra realidad que excede a la investigación original”.
Y es que, apuntó el Procurador, lograron detectar que miembros de la Policía de la Provincia ocupaban roles de captación y participación al interior de la empresa investigada.
“Nos encontramos con miembros confundidos con la financiera: algunos captaban incautos, otros le brindaban seguridad a la empresa, otros filtraban información y otros brindaban apoyo a las personas que, hasta el día de hoy, están prófugas”, detalló y destacó, además, que existe la presunción de que superiores jerárquicos de la fuerza eran piezas clave en la funcionalidad de la organización.
Por si fuera poco, tomando las declaraciones del Procurador, un hilo de dudas se desprende sobre el método de financiamiento de Ríos y Asociados; los fondos con los que operaba la firma no solo serían ‘inversiones’ de particulares – recordemos, en su mayoría los damnificados son policías – sino que aparentemente se utilizaba dinero proveniente de otras actividades ilícitas (¿drogas? ¿Trata? Habrá que esperar el avance de la causa).
“Es la punta del iceberg”, disparó García Castiella.
Se sabe, el descenso hacia la base de esta gran estructura helada conlleva riesgos y peligro. Por caso, los datos personales de uno de los principales investigadores – cuyo nombra figura en el oficio de orden de allanamiento – se filtraron poco después de hacerse público el caso; las imágenes que se conocieron de este hombre son las mismas que utiliza el Sistema de Recursos Humanos de la Policía y solo miembros de esta fuerza tienen acceso a él. Elementos de la fuerza habrían filtrado la información; el investigador tuvo que solicitar custodia de fuerzas federales.
Nos adentramos un poco más profundo ahora. Se conoció la resolución de Miguel Ceballos – jefe de la policía provincial – de apartar al comisario Juan Ramón Miranda de su puesto a cargo del equipo de investigadores del CIF.
Al momento de referirse a la situación, el procurador García Castiella fue enfático: “Hay una pretensión desde la Jefatura de desplazar a Miranda. Quiero advertir que no es un policía más, es el delegado de este procurador en el proceso de reorganización del equipo de investigadores del CIF. De ninguna manera se puede admitir que sea irracionalmente desplazado y pasado a disponibilidad”.
Aseguró que el comisario en cuestión fue asignado mediante los instrumentos correspondientes y, “sorpresivamente”, se tomó la polémica decisión.
“Esta Procuración General ha dictado que el comisario Miranda se queda en el CIF. Se le solicita al Jefe de Policía y al Ministro de Seguridad que den marcha atrás con la decisión. Lo que necesitamos es colaboración”, finalizó García Castiella.
