Hace unos meses la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes ya hizo dos presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de respuesta del Gobierno provincial por las muertes de desnutrición infantil.
Las muertes por desnutrición infantil siguen creciendo de manera alarmante en la provincia de Salta, algo que para el Estado no termina siendo prioridad y mirando hacia otro lado.
La situación es preocupante a tal punto que la Defensora Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Segundo Informe de la Situación de los Derechos de Niñas y Niños de Pueblos Indígenas del Chaco Salteño. Ya había hecho presentaciones ante la Justicia y el Ejecutivo de Salta, pero sin respuestas favorables.
“Venimos trabajando desde hace dos años y medio por la mortalidad en las comunidades de Salta, y parecería que por momentos el gobierno local no logra articular con sus distintas áreas las acciones para llegar a todas las comunidades y evitar las muertes” dijo la funcionaria.
Por otro lado, la defensora adjudicó la situación apremiante a la falta de trabajo articulado por parte de los organismos del Gobierno provincial, tanto como el ministerio de Salud y Desarrollo Social y dijo que no se hacen los recorridos periódicos por las comunidades controlando peso y talla de los niños originarios en forma de prevención y detección temprana del padecimiento.
“Nuestro rol como Defensoría no sólo es dar opiniones, sino que tenemos que exigir que se cumplan los derechos”, asegura Graham y agrega: “También se debe resolver el gran problema de base que es la discriminación”.
“Resulta profundamente preocupante la vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como al agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes”, dice el informe de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
Entre las medidas impulsadas se hizo un diagnóstico de la vulneración de los derechos humanos de niñas y niños de pueblos indígenas de la región. También la gestión de casos individuales y colectivos. Se organizaron y gestionaron operativos de documentación y acceso a derechos de protección social.
A su vez, en el amparo se solicitó cautelarmente: “a) medidas para garantizar provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente de agua segura; b) la asistencia oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna posible afección de salud a través de medios terrestres y aéreos y el acceso a medios de telecomunicación para situaciones de emergencia; c) la accesibilidad y el tránsito adecuado de los caminos que permitan la distribución de agua y la atención de salud.
Paralelamente a las acciones ante la justicia y el ejecutivo salteño, la Defensora presentó dos Informes sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Comunidades Indígenas del Chaco Salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El primer informe se presentó en mayo de 2020. El segundo es de julio, por la muerte de, al menos, siete niñas y niños del pueblo Wichi entre mayo y junio de 2022.
En dicho informe se indica:
El 29 de enero de 2020, el gobierno de la provincia de Salta declaró el 29 de enero de 2020 la emergencia sociosanitaria en tres departamentos del norte de esta provincia: Orán, General San Martín y Rivadavia.
Dicha declaración tuvo que ser prorrogada en varias oportunidades, manteniéndose vigente hasta la fecha, justamente por la persistencia de las circunstancias que llevaron a su declaración. Entre 2020 y 2022, tal como de desarrolla en este informe, niñas y niños de estos tres departamentos continuaron falleciendo por causas evitables.
La gravedad de la situación da cuenta de una problemática estructural y multidimensional que se asienta sobre la inseguridad jurídica sobre los territorios que ocupan de manera ancestral, pacífica y pública los pueblos indígenas, comprendiendo el desplazamiento de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola lo cual conlleva un impacto en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional y que se refleja fundamentalmente en la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Sobre la base de ese escenario, resultan evidentes los obstáculos para el acceso derechos elementales, tales como el agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes. Otra singularidad de la problemática local es la interseccionalidad de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen, a su vez, a colectivos históricamente excluidos social, económica y culturalmente como lo son los pueblos indígenas.
Particularmente grave resulta la falta de acceso al agua apta para consumo, a una alimentación adecuada y suficiente, y el acceso a la salud, que se presentan como el resultado de una serie de circunstancias y problemáticas conexas que demandan una mirada y abordaje integral.
La desnutrición, en particular la de las y los más pequeños, es un fenómeno complejo que se ve afectado por distintos determinantes, como la falta de acceso a una alimentación saludable y agua potable, así como también barreras en el acceso a la salud, no sólo en términos de la capacidad de acceder oportunamente a los centros de salud, dada la escasa infraestructura disponible y las dificultades para la circulación por el estado de los caminos y las escasas vías de comunicación existentes (falta de conectividad), sino también en cuanto a la atención y cuidado a la salud con perspectiva intercultural”.
Informe completo:
