Según un informe de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos local, en lo que va del año se presentaron 1388 denuncias de abuso policial, siendo Capital, Tartagal y Orán los distritos donde más casos se dieron.
No es ningún secreto que las crisis económicas traen aparejados otros problemas más allá del dinero en sí. En Salta, por caso, las oportunidades laborales son escasas y, desde hace unos años, el ser policía se ve como una posibilidad ingreso mensual seguro.
Claro, la formación que reciben los futuros uniformados es casi nula y en poco tiempo son puestos en la calle a patrullar sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, para los gobiernos – cabe destacar, responsables de las sucesivas crisis económicas – esto pareciera no ser inconveniente: esos mismos uniformados son los que reprimen las protestas sociales y los que generan un estado de terror en los barrios.
El amedrentamiento hacia la población por parte de la policía, en especial hacia la juventud, es una problemática que se denuncia hace mucho tiempo: las razias en las barriadas para abultar las estadísticas en las comisarías son moneda corriente.
En este contexto, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos expuso que el número de denuncias de abusos policiales tuvo un incremento interanual: son 1388 de enero hasta la fecha y se concentran – mayormente – en Capital, Orán y Tartagal. A ello se suma que, de estos casos, solo hubo 116 efectivos imputados y 16 condenados, de los cuales solo 6 cumplen prisión efectiva.
Advierte el informe que la violencia institucional abarca desde la detención por averiguación de antecedentes, hasta formas de violencia extrema como la tortura física y psicológica, además el asesinato.
Las causas armadas, las detenciones arbitrarias, extorsiones y torturas – actualmente se investiga la muerte de 3 internos en el penal de Villa las Rosas – son el lenguaje de las fuerzas de seguridad, y de los gobiernos, para crear un estado de miedo en el marco de un ajuste feroz contra los trabajadores.
