El escandalo del viaje y los chats de telegram brindarían más pruebas de las relaciones promiscuas entre un sector de la Justicia, funcionarios, dirigentes y empresarios de medios que responden al expresidente Mauricio Macri.
A mediados de octubre, trascendió un supuesto encuentro entre jueces y funcionarios judiciales que tenían en sus manos causas que complicaban al kirchnerismo, y otras cuyos fallos favorecieron a personas del o cercanas al macrismo. También a grupos económicos concentrados. Eran parte de ese cónclave también funcionarios del PRO y directivos del grupo Clarín.
Parte de ese grupo de funcionarios judiciales también intervino en la persecución y asfixia financiera contra el Grupo Indalo, luego de que sus accionistas se negaran a trabajar para las intenciones de gobierno de Macri en la persecución del kirchnerismo luego de que ese espacio dejara el poder.
El retiro de este grupo se llevó a cabo en Lago Escondido, la propiedad del multimillonario Joe Lewis, amigo de Macri, y quien tiene sus tierras cercadas al acceso público pese a que la Justicia lo obligó a brindar un paso libre hacia el espejo de agua. Allí, el británico tiene una mansión de 3.200 metros cuadrados.
El chat de telegram lo originó Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, factotum de la persecución a CFK y quién elevó sin pruebas la causa del juicio por Vialidad, quien aparece incitando a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas, Pablo Cayssials y Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; entre otros. Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter.
Sus participantes se habrían dedicado a planear estrategias para falsificar pruebas sobre el viaje, como la creación de facturas truchas, entre otras, para impedir la investigación y la publicación en medios masivos de la información. También buscan coordinar posibles represalias ilegales contra funcionarios de la PSA, a quienes consideraron “sospechosos” de haber entregado la primera información del vuelo privado. “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, dice uno de ellos sobre el director de la Policía aeroportuaria, José Glinski.
En otro fragmento de los chats, hablan de un supuesto acuerdo con una fiscal de Bariloche con quién coordinaron y habrían dado instrucciones sobre cómo cerrar la causa.
Si se termina de confirmar la veracidad de los mensajes, se trataría de un nuevo capítulo del lawfare, que tendrá también otro episodio este martes, cuando se conozca el veredicto en el juicio por la causa Vialidad, en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
