El presidente Alberto Fernández anunció que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder pagar la deuda por 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno del expresidente, Mauricio Macri.
El mandatario aseguró que “en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”. “Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada”, agregó.
El Gobierno, después de idas y vueltas, finalmente decidió realizar el pago del primer vencimiento del año ante el organismo, equivalente a unos 731 millones de dólares de intereses. En un principio el pago había sido puesto en duda por el propio gobierno, lo que generó una respuesta del Fondo y, según contaron a este diario, una mejor predisposición para terminar de renegociar. De esta forma, el Poder Ejecutivo mantuvo la línea de cumplir con el pago de los vencimientos e intereses del acuerdo, que fue firmado por el gobierno de Cambiemos en 2018.
En relación a la deuda multimillonaria contraída por el gobierno de Cambiemos, el Jefe de Estado resaltó que “teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”. “Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades”, aclaró luego.
Debido a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada el 3 de marzo de 2021, todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, deberá pasar de forma obligatoria por el Congreso de la Nación. Sobre este tema, el mandatario dijo: “Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo que elevaré al Congreso de la Nación para su consideración. Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas”.
Los cuatro bloques del marco general del acuerdo
El marco general tiene cuatro bloques: el fiscal, el monetario, el de la inflación y el de políticas de crecimiento. Tendrá una duración de dos años y medio y aún hay que trabajar los memorándum de entendimiento que se elaborarán en las próximas semanas.
Desde el punto de vista lo macroeconómico, está el subloque fiscal: “Se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo sin políticas de ajuste fiscal”, dijo Guzmán. En este sentido, se buscará una reducción gradual del déficit fiscal: se proyecta un déficit primario de 2,5 para 2022 del PBI; de 1,3 para 2023 y de 0,9 para 2024.
Con el objetivo de fortalecer la política fiscal, el Gobierno se abocará a “atacar los problemas de lavado de dinero y evasión”. “No habrá ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas ni afección a las jubilaciones”, aseguró Guzmán.
.
En el bloque monetario y financiero, “va a haber una reducción gradual pero decidida de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro nacional”. En 2022 el financiamiento al tesoro sea del 1 por ciento, del 0,6 del PBI en 2023 y que que deberá llegar a cero en 2024.
En materia de política monetaria se acordó un marco que tiene como objetivo diseñar “una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos”. En el frente financiero “se va a continuar con la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda nacional”. “Hoy el gobierno nacional tiene la capacidad para hacerlo”, aseguró.
.
En materia de inflación, se acordó un “bloque integral” que interpreta ese problema como “un fenómeno multicausal”. También se buscará “mantener el rol coordinador del Estado para generar las expectativas del mercado”. El rol de las políticas de control precios es fundamental y van a tener un rol importante en el esquema inflacionario. El programa durará dos años y medio y los acuerdos serán conversados entre el gobierno y los empresarios.
El esquema fiscal monetario: “Mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas” que apuntará a “reducir la emisión monetaria”.
.
El funcionario subrayó que “no va a haber ningún salto cambiario”. A lo que se apunta es a “medidas que favorezcan el ingreso de divisas para el desarrollo”. El Gobierno “va a seguir en la línea que se planteó y seguirá la política de acumulación de reservas. Se plantea una meta de crecimiento de las reservas de 5 mil millones de dólares para 2022”. Para esto habrá regulaciones en la cuenta financiera para desalentar el ingreso y salida de capitales especulativos.
