El Consejo de Seguridad Interior analizó el caso de la finca donde, en febrero pasado, se secuestraron 2.515 plantas de cannabis sativa; 7.205 plantines; 1.008 plantines en germinación; 305 gramos de semillas; 71,395 kg de cogollo y los elementos básicos para el cultivo.
Se trata de la finca ‘Chalchanio’, ubicada en la localidad de La Caldera, a pocos kilómetros de la frontera con Jujuy. Durante la primera semana de febrero, grupos especiales antidrogas allanaron el lugar y descubrieron una de las mayores plantaciones de marihuana a cielo abierto registradas en el país.
El caso fue presentado en el marco del Consejo de Seguridad Interior – al que asistió el presidente Alberto Fernández – al que concurrieron representantes de la DEA, el FBI y organismos europeos.
Según los especialistas, el caso marca un nuevo paradigma dentro de la problemática ya que, en anteriores oportunidades, se habían allanado fincas similares pero enclavadas en Misiones, próximas a la frontera con Paraguay; para los investigadores, el caso de la finca ‘Chalchanio’ – por sus dimensiones y su ubicación – marca un precedente a nivel nacional sobre nuevos lugares para el cultivo de la planta de forma ilegal.
De la investigación también se desprendió el rol de las personas detenidas hasta el momento: los líderes Víctor Nicolás Farfán y Sergio Humberto Salum, aportaban la materia prima, el dinero para los salarios y organizaban horarios, transporte y comida de los trabajadores.
Luego, ubicaron a los coordinadores de la finca: Juan Andrés “El Morsa” Berruezo, propietario del predio, controlaba al personal y pagaba los salarios. Su mano derecha, Jonatan Emanuel Garzón, controlaba el trabajo en la siembra y el cultivo de cannabis.
Por último, Gustavo Carlos Segovia, José María Segovia y Rodrigo Martín Guillermo Coronel trabajaban la tierra a cambio de dos mil pesos por día, con un plus por horas extra.
