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Escandalo IVE “Se mintió de manera descarada sobre mi accionar médico, difundiendo datos míos y de la paciente”

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Sep 6, 2021

La joven médica que el viernes último quedó privada de su libertad durante horas por realizar un aborto legal decidió hablar públicamente ante las embestidas que continúan en algunos medios de comunicación que buscan demonizarla. Miranda Ruiz dijo que esa pretensión se frustró y que, por el contrario, contribuyeron a darle publicidad, pues tras esa difusión “tuve mi consultorio lleno de gente que se quería atender conmigo”.

Ruiz fue detenida el viernes a las 10 de la mañana, en el marco de la denuncia penal de una tía de una joven de 21 años a la que le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE), por pedido de la gestante. La detención de la médica duró solo hasta las 17, liberada por la agitación pública que generó la persecución penal a alguien que había cumplido con la ley, como señaló ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

A pesar de que la defensa de los derechos de las mujeres y niñas le dieron una inusitada presencia pública, la médica es más conocida en el ámbito de la medicina en Salta por su trabajo territorial atendiendo la salud de la población wichí del norte salteño, como residente en Medicina Familiar en el Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, donde cumple funciones desde 2019. 

La doctora explicó su paso de hospitales nacionales de Buenos Aires al hospital de referencia de Tartagal, en el departamento San Martín, que como otros hospitales del interior provincial salteño, soporta la falta de especialistas, de insumos, estructura y otras condiciones que le permitirían dar una mejor atención sanitaria.

En el Hospital Posadas, donde fue residente, “no es que me ofrecieron el puesto de la jefatura de residencia (como contó su padre), pero yo sabía que si me postulaba, quedaba”, aclaró. En el marco de esa residencia fue a Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia) “y me topé con esa realidad socio sanitaria”, donde las muertes por causas evitables de las infancias son muestra trágica de las inequidades en el país.

Después de esa experiencia, “Era mucho quedarme un año más en el Posadas”, sostuvo Ruiz al indicar que siempre tuvo “un pensamiento peronista y cristiano de aportar en los lugares que más se necesita”.

Así fue que volvió a Salta y entró en la residencia del Hospital de Tartagal donde su tarea principal fue la prevención de salud en el territorio de las comunidades indígenas más vulnerables ubicadas sobre la ruta nacional 86. “Hemos mejorado el acceso a la salud llevando medicación, constancia en la atención, periodicidad, un seguimiento del paciente wichí que no había existido nunca antes de un equipo de trabajo de Medicina Familiar”, afirmó incluyendo en ese desafío a sus compañeras y compañeros de trabajo.

Nos preocupamos en cómo gestionar la atención sanitaria en todo su espectro. Es un laburo inmenso ir a lugares donde nadie va ni quiere ir. Y lo hacemos por convicción política”, aseguró. A ello agregó que se viene realizando un seguimiento “en domicilio” de la población infantil en riesgo de bajo peso “para mejorarles el pronóstico”.

“Es un caso típico de lawfare”

Para la médica, la acusación penal por haber realizado un aborto legal “es un caso típico de lawfare en donde se instala una causa falsa con denunciantes que no pueden denunciar, y sin goyete legal”. En este punto, sostuvo que la “única intención que se persiguió fue la de generar un disciplinamiento” de los profesionales de la salud que garantizan interrupciones de embarazos. Y consideró que ese disciplinamiento forma parte del accionar de los grupos antiderechos en su “lucha contra la ley de aborto. No solo me usan a mí, sino también a la paciente” que ejerció su derecho a abortar.

Ruiz contó que desde el día que se realizó la práctica legal es “víctima de una persecución mediática local en donde se mintió de manera descarada respecto de mi accionar como médica, se expuso mi nombre y se pusieron datos de la historia clínica (de la paciente), difundiendo mentiras sobre la ley, mi accionar, y los procedimientos médicos de cómo se realizan las interrupciones del embarazo”. Al principio, durante dos semanas, esa exposición mediática fue sin mencionar su nombre, pero luego se empezó a dar su identidad “con la única intención de verme presa”.

A pesar de eso, hasta el día antes de su detención Ruiz “pensaba que todo se trataba solo de un boom mediático, que solo querían buscar que la gente me rechace. Pero jamás imaginé el resultado de meterme presa”.

La médica ratificó que nunca fue notificada de que se estaba avanzando en una causa penal en su contra, dijo que se enteró de la intención de detenerla por un comunicado de prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, y entonces  se preocupó. “Nunca me notificaron de nada. Fueron directamente a llevarme detenida desde el Hospital. Me dejaron detenida en un calabozo por cuatro horas, incomunicada, sin el celular. No pude hablar con nadie”, contó.

Ruiz estuvo detenida por pedido del fiscal penal Gonzalo Vega, y por decisión del juez de Garantías 2 de esa ciudad, Héctor Fernando Mariscal Astigueta. “Claro que pidieron la detención. Y la intención era que quede encerrada 10 días. Pero fue todo el movimiento en Tartagal, Salta y el país el que logró que después de 4 horas en el calabozo de la Cárcel de Mujeres sea liberada a las 17”.

Ante el juez la médica explicó su continuo trabajo en el Hospital, al punto de ser ella quien elaboró el protocolo para actuar contra la covid-19 cuando la pandemia golpeó al norte con dureza. También explicó que era imposible que se fugara cuando es residente del Hospital por 4 años (le queda un año y 7 meses para terminar) y con dedicación exclusiva. Añadió en su defensa que es la única médica especialista en Medicina Interna que no adhiere a la objeción de conciencia para realizar las interrupciones voluntarias y legales de embarazo (ILE e IVE) en el extenso departamento San Martín y parte del también extenso Rivadavia.

Pero sus razones fueron insuficientes para el magistrado. Ruiz afirmó que la decisión fue dejarla en prisión preventiva, sin embargo, esa medida duró solo 4 horas por el intenso movimiento de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que incluso habían previsto para este sábado una concentración en el penal, si es que aún seguía detenida.

“Si salí fue por el movimiento”, afirmó la médica al sostener que cuando fue presa e incomunicada “debo reconocer que recibí un trato hermoso de parte de quienes me detuvieron, del personal de la Fiscalía, y notaba el dolor de quienes allí trabajan por lo que se estaba haciendo. Me llegaron a decir que esta era una situación sin precedentes en la Justicia de Tartagal”.

Ruiz pidió que en esta nota se cuente de su agradecimiento “a todos quienes ayudaron para que me liberen”.

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