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Diputados: La Ley de Memoria fue frenada en Salta por la comisión de DD.HH.

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Nov 9, 2022

La presidenta de la Comisión de DDHH, Laura Cartuccia, dijo que “hay que dejar de mirar hacia atrás”. El proyecto estaba incluido en el acta de labor parlamentaria. En las afueras de la Legislatura hubo una vigilia impulsada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, pidiendo su aprobación. Desde organizaciones de derechos humanos acusaron a la legisladora de “Negacionista”.

 

 

El tratamiento del proyecto de la Ley de la Memoria, Verdad y Justicia, que propone la creación de un Archivo Provincial de la Memoria y de una Comisión Provincial de la Memoria, se cayó al no tener dictamen de la comisión de cabecera a pesar de que la iniciativa estaba incluida en el acta de labor parlamentaria y de que en las afueras de la Legislatura había una vigilia impulsada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta pidiendo su aprobación.

“Creo que es un proyecto al que hay que trabajarlo más, y conocer en profundidad varios temas antes de crear una comisión”, escribió Cartuccia en sus redes sociales.

Además la legisladora dijo que “hay que dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar para adelante”, aunque consideró que se debe hacer “sin olvidar la historia negra de nuestro país al que jamás debemos volver”.

Esta afirmaciones fueron publicadas tras una reunión que Cartuccia mantuvo con Mario Cabanillas y Mauricio Ortín, integrantes del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos (CES), organización que reivindica el terrorismo estatal y califica de persecución a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la represión ilegal.

Semanas antes este Centro de Estudios envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat, manifestando su oposición a la iniciativa legislativa, que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre.

Para las representantes de los organismos de derechos humanos, las declaraciones de Cartuccia se inscriben en el discurso negacionista, que, junto a las fotos de Cabanillas y Ortín, tomaron mayor fuerza. Cabanillas es el actual presidente del Centro de Estudios, antes lo fue Alejandro Patrón Costas (h); mientras que Ortín, es un historiador y columnista que, entre otras consideraciones, califica al comunismo de “lacra inmunda”.

Para Blanca “Nenina” Lescano, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, e integrante de la Mesa de DDHH, lo ocurrido tiene varios aspectos a tener en cuenta. Principalmente, cuestionó la “falta de democracia interna” en la Comisión de Derechos Humanos, pues aseguró que la legisladora no respetó a sus pares “para que se expresen cada uno”, más aún, cuando en la reunión con Cabanillas y Ortín, no estuvo la mayoría de las y los integrantes de la Comisión, que reúne a 9 legisladores.

Organizaciones y particulares emitieron ayer un comunicado de repudio a la negativa de Cartuccia “de dar curso a la Ley de la Memoria, presentada por organizaciones de DDHH de la provincia”. Aseguraron que tras la reunión de la diputada con “integrantes de una asociación que reivindica lo actuado por la última dictadura cívico- militar-religiosa, resolvió dar marcha atrás con el proyecto”.

“Que Cartuccia pertenezca a un espacio político negacionista (ayer publicó que ‘’hay que dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar para adelante’’) no la exime del respeto que, como ciudadana y como una representante del pueblo, debe observar”, precisó el comunicado que fue impulsado por la Multisectorial de Mujeres de Salta.
La Liga Argentina por los DDHH – Filial Salta también manifestó un rechazo a las declaraciones de Cartuccia; con ellas “no garantiza ni defiende nuestros derechos”, aseguró.

También expresó su preocupación por el lugar que ocupa la legisladora en la Comisión de Derechos Humanos, cuando entienden que “carece de los conocimientos mínimos de lo que significa la Memoria para el pueblo argentino en general y en particular para la provincia de Salta”. Por tal razón, exigió que Cartuccia sea apartada de “manera inmediata” de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, “por no cumplir con las condiciones que la democracia demanda, en la defensa de los derechos humanos”.

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