Tras una jornada con un enorme despliegue de la fuerza policial contra la docencia, en la noche de ayer el Gobierno, finalmente, convocó a SITEPSa y autoconvocados para dialogar. Docentes analizarán asamblea la propuesta del 5% más que ofrece Educación para recién firmar, mientras continúa el paro.
La reacción del Gobierno frente a las medidas de fuerza que lleva la docencia, a más de un mes de paro, fue el despliegue un enorme operativo policial buscando amedrentar a la docencia pero que por el contrario sumó la fuerza de la sociedad salteña y el repudio al accionar.
Este contexto, obligó al Ejecutivo a abrir el dialogo con los docentes. Así es que alrededor de las 21 horas se llamó a SITEPSa para que negociar en el mismo Grand Bourg, frente a esto el gremio puso como condición para el dialogo que representantes de los autoconvocados puedan estar presentes en la reunión donde se definiría el futuro de la educación en Salta.
De esta manera, ingresaron 4 representantes de SITEPSa (encabezados por la Secretaria General del gremio, Victoria Cervera) y 4 delegadas de autoconvocados (Sandra Nieva, Mariela Retamozo, Antonia Amengual y Adriana Chilo). Del lado del Gobierno, se presentó el ministro de Educación, Matías Cánepa. La propuesta del Gobierno y que se evaluará en asamblea un 5% que se sumará a lo ya acordado por la intergremial, por lo cual el aumento salarial que llegaría a $48.000 en septiembre, $49.000 en octubre y $50.000 en diciembre. Además que no se descuenten los días de paro.
Tanto el gremio como autoconvocados decidieron evaluar la propuesta con las bases en asamblea, desde autoconvocados dieron a conocer a este medio que la oferta no representa un incremento real en el sueldo docente. Hoy se llevarán a cabo asambleas departamentales mientras mañana se realizará la asamblea general donde se decidirá.
Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal se llamó a los docentes para una mesa de conciliación que se llevará a cabo hoy a partir de las 9 de la mañana en Plaza España. En la misma estará presente el Procurador General, Abel Cornejo.
