Finalmente el Senado salteño dio media sanción al proyecto de emergencia hídrica enviado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos. No obstante, nada se habla de las deudas que tomó el Estado provincial – una década atrás – para saldar la provisión de agua, ya por entonces problemática en el norte, con obras que, en la mayoría de los casos, no se hicieron.
“La sequía. Ese es el mayor problema”, repiten funcionarios y legisladores, pasados y actuales, ante la consulta sobre la crítica situación que atraviesa el norte salteño respecto a falta de agua.
Claro, si bien en sí es un problema, los cierto es que no es novedoso y que, de hecho, la Provincia se ha endeudado por casi 600 millones de dólares – allá por 2011 – con la excusa de que esos fondos se utilizarían para “reparar” décadas de desinversión en la zona.
Primero fue el Fondo de Reparación Histórica (FRH) y luego el Plan Bicentenario. Ambos empréstitos fueron anunciados con bombos y platillos y detallados hasta el cansancio con datos de las obras, montos y plazos. La gran mayoría de los trabajos estaban apuntados a dotar de redes a localidades como Tartagal, Pichanal y Aguaray; localidades que, una década después, llevan semanas sin una gota de agua.
¿Qué sucedió? El dinero ‘desapareció’ y las obras tienen un porcentaje de avance muy bajo o, en la mayoría de los casos, ni siquiera comenzaron.
Por ejemplo, en el departamento San Martín, el FRH preveía obras en embalse El Limón y sobre el acueducto Itiyuro, justamente, fuentes de agua que hoy por hoy se encuentran casi completamente secas. En Salvador Mazza, el fondo anunciaba tendido de redes de agua; en Aguaray, nuevos pozos; en Tartagal, una red colectora y la optimización de la planta depuradora de zona sur. La descripción podría seguir, pero los resultados están a la vista.
“La sequía. Ese es el mayor problema”, repiten – incansables – funcionarios y legisladores, de antes y actuales, licuando sus responsabilidades ante la crisis. Ojo, quienes responden a la actual gestión provincial les echan en cara a quienes respondieron a la gestión anterior que “se han robado un Fondo de Reparación Histórica”. Sin embargo, se trata solo de una agitación tribunera, tal cual ocurre con el kirchnerismo apuntando al macrismo por la deuda tomada y fugada.
Es decir, a pesar de la crítica, la Administración Sáenz “honra” la deuda sin ponerse colorada y, mucho menos, iniciar los procesos legales pertinentes ante la desaparición de los fondos. Mientras, el norte atraviesa una de las crisis hídricas más profundas de su historia.
Medidas de urgencia
Se ha conformado un Comité para dar respuesta la situación y se aprobó una ley de emergencia que habilitará al Ejecutivo salteño a redestinar partidas presupuestarias para garantizar la provisión de agua.
En tanto, el Ente Regulador anunció que se multiplicarán los camiones cisterna en las localidades y se otorgarán 1.000 litros de agua por familia por día.
Ya en enero pasado, el presidente del Ente, Carlos Saravia, advertía que solo el 12% de las obras hídricas del FRH se habían ejecutado y que, de hecho, muchos de esos trabajos se volvieron a incluir en el Plan Bicentenario, pero tampoco se terminaron.
Asimismo, Saravia no se aleja de lo descripto en párrafos anteriores: no se conoce que el Ente haya impulsado acciones legales para conocer el destino del dinero y el motivo por el que las obras no se hicieron.
Es política de Estado cubrir las espaldas de las gestiones anteriores, en Salta y en todo el país.
