La Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Miguel Ragone presentaron ayer un proyecto de Ley de Memoria, Verdad y Justicia. El fin es generar conciencia y visibilización de las violencias estatales desatadas contra los pueblos, a través de políticas públicas que comprometan a la sociedad y a todos los sectores políticos.
El proyecto fue presentado al diputado David Leiva, con quien se trabajó en la elaboración final de la propuesta. Principalmente, el proyecto impulsa el diseño de políticas públicas que trabajen en la formación y educación en derechos humanos. Y que también se promueva el señalamiento de los sitios de memoria, en especial los centros clandestinos de detención y tortura de la provincia, y que se intensifique el trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, que ya funciona mediante decreto 1741/08, pero con muchas dificultades, según señalaron.
Tambien propone la creación definitiva de la Comisión Provincial de la Memoria, que funciona mediante reglamento interno, aprobado por la resolución Nº 1609/14 del entonces Ministerio de Derechos Humanos. En este caso, se pide que esa comisión “reúna a nuestros máximos referentes en la lucha de los organismos de Derechos Humanos, y miembros del estado, para que juntos puedan seguir diseñando políticas públicas”, según señalan los fundamentos de la iniciativa.
En ese sentido, Leiva dijo que “cualquier proyecto que trate la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser una bandera que tenemos que levantar todos”. Sobre todo, cuando se presenta en “la casa de la democracia”.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados de Salta fue querellante en la causa que investigó la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976, y que obtuvo su primera sentencia el 11 de octubre de 2011. Esa querella va “en consonancia con el espíritu de este proyecto”, se detalló.
Aún así, Blanca “Nenina” Lezcano, referente de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa, recordó que cuando se retornó a la democracia, muchas ex presas políticas y familiares, acudieron a la Legislatura provincial “para que se conformara una bicameral”, que investigara los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia y “No lo logramos”, sostuvo, subrayando que eso no cambió en la actualidad.
Est proyecto de ley pudo ser abordado y articulado entre las organizaciones y el Poder Legislativo, destacó Elia Fernández, integrante de HIJOS Salta y de la Mesa. Por lo que, aseguró que de aprobarse, el paso siguiente es “coordinar con el Estado acciones que sean políticas justas en memoria”. Y agregó que también se debe reconocer el genocidio de los pueblos indígenas.
Mientras que para Fernando Pequeño, de la Asociación Miguel Ragone, la existencia de esta ley garantizará “que algunos sectores puedan seguir abriendo las miradas para reconocer esos procesos violentos” que se dieron en el país.
